El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-Ley de medidas de sostenibilidad económica, que incluye un Plan de Choque de Ahorro y Gestión Energética en Climatización para reducir el consumo de energía en edificios administrativos, recintos públicos y comercios y facilitar el cumplimiento de los compromisos europeos derivados del conflicto en Ucrania, según ha explicado la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.
La refrigeración de estos edificios no se podrá poner por debajo de los 27 grados centígrados ni la calefacción por encima de los 19. Las puertas de acceso a los locales tendrán cierres automáticos y las luces de los escaparates se apagarán a las 10 de la noche. Además, los inmuebles tendrán que hacer una revisión extraordinaria de sus calderas e instalaciones térmicas antes del 31 de diciembre de 2022, si la última la hicieron antes del 1 de enero de 2021.
La norma también incluye medidas para sustituir los combustibles fósiles por renovables. Con este objetivo, se agilizarán las tramitaciones de las redes e infraestructuras eléctricas, se facilitará la inyección de gases renovables en la red de gaseoductos y se potenciará el almacenamiento y el autoconsumo. «No nos podemos permitir el lujo de perder un solo kilovatio-hora», ha afirmado Teresa Ribera.
Por otra parte, la vicepresidenta tercera ha anunciado que el Ejecutivo ha aprobado un Real Decreto-ley de medidas urgentes para mejorar la capacidad de respuesta frente incendios forestales durante todo el año. La nueva norma introduce mejoras en aspectos como la prevención, la extinción y la restauración de los terrenos forestales afectados. Ribera ha subrayado que «debemos estar preparados para atender al conjunto del territorio no solamente para aquellas partes que sean consideradas particularmente vulnerables y sensibles».
Becas, ayudas al estudio y transporte
La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha informado de que el Real Decreto aprobado hoy también incluye medidas económicas en el ámbito del transporte y en materia de becas y ayudas al estudio.
El texto establece una cuantía complementaria de cien euros al mes para el periodo comprendido entre septiembre y diciembre de 2022 para todos los beneficiarios de las becas, ayudas y subsidios de la convocatoria de becas de carácter general para el curso académico 2022-2023, para alumnos que cursen estudios postobligatorios y para aquellos con necesidad específica de apoyo educativo.
Isabel Rodríguez ha estimado que alrededor de un millón de estudiantes pueden beneficiarse de esta ayuda. El Ejecutivo, responde así, a las familias que se están viendo afectadas por la situación económica derivada de la agresión de Rusia en Ucrania y el incremento de la inflación y garantiza la igualdad de oportunidades.
Mejoras en el transporte
En el ámbito del transporte, el Ejecutivo ha aprobado la gratuidad de los trenes de Cercanías para usuarios recurrentes entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre. Se crearán bonos multiviajes especiales para los servicios de Cercanías, Rodalies y Media Distancia Convencional, que serán gratuitos para los usuarios que realicen 16 viajes en cuatro meses, y se suman al descuento del 50% de los abonos Avant.
Además, se crean nuevos bonos con descuentos del 50% para usuarios recurrentes de rutas comerciales de alta velocidad en 13 trayectos de hasta 100 minutos de duración.
La portavoz también ha señalado que el Ejecutivo ha acordado un nuevo Real Decreto-ley encaminado a avanzar en la sostenibilidad económica del transporte de mercancías por carretera que garantiza que los transportistas trabajen a un precio justo y habilita más de 450 millones de euros en ayudas directas al sector. El Gobierno responde así a las demandas históricas del sector.
Futura Ley de Información Clasificada
El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha presentado la futura Ley de Información Clasificada, que sustituirá a la vigente Ley sobre Secretos Oficiales, aprobada en 1968 y reformada en octubre de 1978, antes de aprobarse la Constitución.
Bolaños ha afirmado que se trata de una ley «avanzada y garantista», que sustituye a una norma preconstitucional y se adapta a la Constitución y a los estándares de tratamiento de la información clasificada de los socios de la Unión Europea y de la OTAN. A su juicio, la norma establece un equilibrio entre la transparencia y el derecho a conocer, por un lado, y la seguridad nacional.
Principales novedades
El Proyecto de Ley presentado hoy establece cuatro categorías de clasificación: alto secreto, secreto, confidencial y restringido. A cada nivel se le asigna un nivel de protección diferente en función del peligro que puede suponer para la seguridad o la defensa nacional su revelación no autorizada o su utilización indebida.
Félix Bolaños ha detallado que la competencia para clasificar como alto secreto y secreto cualquier documento corresponde al Consejo de Ministros. Mientras que la clasificación como restringido o confidencial podrán hacerla determinadas autoridades, como, por ejemplo, los titulares de los ministerios, la directora del Centro Nacional de Inteligencia, el director del Departamento de Seguridad Nacional, los delegados y subdelegados del Gobierno y los directores generales de la Policía y de la Guardia Civil.
La ley prevé, por primera vez en la historia de España, la desclasificación automática una vez transcurridos unos plazos, que dependerán del nivel de protección de los asuntos.
El contenido que se considere de alto secreto se desclasificará a los 50 años y se podrá prorrogar durante 15 más; el secreto a los 40 años, con una prórroga de hasta 10. La información clasificada como confidencial se desclasificará entre los 7 y los 10 años y la restringida entre los 4 y los 6. Estos plazos, según ha apuntado el ministro, «son revisables».
Bolaños ha añadido que se crea la Autoridad Nacional para la Protección de la Información Clasificada, dependiente del Ministerio para la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, que será el órgano encargado de la protección y el tratamiento de la información de alto secreto, secreto o confidencial que se produzca en España y de la que provenga de otros Estados u organizaciones internacionales. Además, valorará la idoneidad de las personas que deben tener acceso a esa información, concederá la habilitación para su tratamiento profesional y regulará el acceso parlamentario.
Félix Bolaños también ha avanzado que el texto establece las garantías para el tratamiento, la protección y custodia de la información, cuya consulta se realizará preferentemente en la dependencia donde se encuentre archivada.
En caso de difusión indebida, las multas podrían oscilar entre los 50.000 y los tres millones de euros, sin perjuicio de las responsabilidades penales que se deriven.
El ministro ha incidido en que el texto que se presenta hoy es susceptible de ser perfeccionado antes de volver al Consejo de Ministros como proyecto de ley y, una vez remitido a las Cortes, durante la tramitación parlamentaria.
Economía de los cuidados
El Consejo de Ministros ha aprobado la propuesta de distribución territorial de casi 900 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para financiar proyectos de activación de la economía de los cuidados.
De este modo el Gobierno sigue avanzando en la construcción de un nuevo sistema estatal de cuidados que los convierta en un derecho en sí mismo. Además, ha dicho, lleva consigo la oportunidad de crear empleo de calidad y de generar efectos positivos en el tejido económico.
La portavoz ha concretado que la partida se destinará a financiar en las comunidades autónomas y en las entidades locales inversiones para cuidados de larga duración, modernización de los servicios sociales y para el Plan España País Accesible.
Derechos y bienestar de los animales
El Gobierno ha acordado la remisión a las cortes del Proyecto de Ley de Derechos y Bienestar de los Animales, que es una norma pionera para proteger y garantizar sus derechos.
El objetivo de la norma es poner fin al maltrato, abandono y sacrificio de los animales. Además, potencia las buenas prácticas, establece un marco común en todo el territorio y actualiza las penas para los delitos de maltrato animal, que pueden suponer multas de 200 euros y penas de prisión.
Adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN
El Consejo de Ministros ha acordado remitir a las Cortes para su tramitación por el procedimiento de urgencia del protocolo de adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN.
Isabel Rodríguez ha manifestado que «son adhesiones que se suman a la defensa de las democracias frente a los ataques de Putin».
