La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, ha revocado el sobreseimiento provisional de la causa judicial por el accidente ocurrido en agosto de 2018 durante el festival O Marisquiño, en el que un muelle de madera colapsó durante un concierto, dejando más de 400 heridos. La Sala ordena ahora al Juzgado de Instrucción número 3 de Vigo que retome la investigación y concrete posibles responsabilidades penales y civiles de los implicados.
El tribunal ha estimado parcialmente los recursos interpuestos por cinco víctimas del suceso y devuelve las actuaciones al juzgado instructor, al que insta a analizar si alguna de las personas investigadas, tanto del Ayuntamiento como de la Autoridad Portuaria de Vigo, puede ser penalmente responsable en función de sus funciones específicas. También deberá evaluarse si las entidades públicas implicadas deben responder civilmente, directa o subsidiariamente, por los hechos.
En su auto, la Audiencia sostiene que existía una lex artis claramente definida en el proyecto «Abrir Vigo al Mar», elaborado por el arquitecto responsable, que incluía normas de mantenimiento y revisión de las estructuras. Según los magistrados, estos protocolos no se cumplieron, como evidencian los informes periciales, que destacan una omisión total en las revisiones periódicas previstas, al menos cada diez años.
Aunque la defensa de las partes implicadas alegaba la inexistencia de una obligación reglamentaria de mantenimiento de estructuras portuarias de hormigón, la Sala lo rebate tajantemente. Afirma que la omisión de dichos deberes vulnera derechos fundamentales recogidos en la Constitución Española, como el derecho a la vida y la integridad física (art. 15 CE), o el deber de los poderes públicos de tutelar la salud y el ocio (art. 43 CE).
Asimismo, el tribunal recuerda la necesidad de conservar los bienes y servicios públicos conforme a la legislación vigente, como la Ley del Patrimonio de Galicia o el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. El auto subraya que la inacción administrativa pudo tener consecuencias graves y que es necesario depurar responsabilidades.
La resolución judicial es firme y no admite recurso, marcando un nuevo giro en un caso que, casi siete años después, sigue buscando justicia para las víctimas del accidente.
